III. Infanticidio legalizado

“Acaso aprobarás un tribunal malvado que sentencia penas extrañas a la Ley? Atentan a la vida del justo y condenan a muerte al inocente. El Señor hará caer sobre ellos el mal que tramaron y los pederá su propia maldad; los perderá el Señor Nuestro Dios!” Sal. 94

En los Estados Unidos el aborto fue legalizado (Roe v. Wake) en todos los Estados desde 1973 por decisión de la Corte Suprema, con base en “el derecho a la privacidad personal”. Desde entonces se han producido entre 50 y 54 millones de abortos denunciados. Las estadísticas no reflejan todo, pues no es obligatorio reportarlos, para que no quede vergonzosa constancia de la enormidad del infanticidio, y hay muchos casos en que se hacen sin intervención quirúrgica sino a través de otros medios abortivos. Esta cifra gigantesca, superior al número de habitantes de todo Centro América, muestra una verdadera masacre callada de inocentes que avanza todos los días bajo el amparo de la ley.

Nuestra legislación niega al feto su condición de persona y por ende la protección del Estado, con el argumento de que aún no es “viable su vida fuera del seno materno”. Esta es una razón amañada para el caso, totalmente arbitraria y sin fundamento; es una triquiñuela o leguleyada para negarle al no nacido su condición de ser humano y convertirlo así en un objeto desechable, sin derechos ni representación legal, sometido al arbitrio de sus padres y fuera de la protección del Estado.

Según nuestra Constitución (4ª. Enmienda) y nuestra declaración de independencia, es obligación del Estado proteger el derecho a la vida, dado por el Creador y del cual nadie puede ser despojado. El Estado no puede quitar lo que Dios da. El deber del Estado de proteger como fundamental el derecho a la vida inocente, sin excepciones, es un consenso universal durante milenios, expresado legalmente en formas diversas.

El Procurador General debería abogar ex officio por los derechos de los no nacidos y oponerse al aborto por razones morales y legales. En vez de autorizar el aborto, el Estado debería, con toda nuestra colaboración, asistir a la madre para acoger a su hijo y ofrecerle alternativas para que, si no está en capacidad de cuidar de él, lo dé en adopción a una de tantas parejas que no han podido tener hijos.

Llama la atención el motivo aducido por los legisladores: “el derecho a la privacidad personal”. Recientemente el Presidente declaraba que este es un asunto privado, es decir, una cuestión “doméstica” de cada familia, como tantas otras, que no ameritan la intervención del Estado. Este es otro gran sofisma. Cómo puede la protección de la vida humana, de toda vida humana, ser considerada como asunto privado? Entonces el asesinato de un adulto es también asunto privado? Qué diferencia hay entre matar a un ser humano nacido o no nacido? Acaso existe aquí una diferencia substancial? No se trata en ambos casos de un ser humano? Y no es la defensa de toda vida humana la principal obligación de la autoridad y de la ley en servicio del bien común?

La legalización del aborto trastorna y corrompe las funciones esenciales de quienes tienen a su cargo defender y proteger la vida humana en la sociedad: convierte en verdugos de los inocentes no nacidos a las tres instancias más obligadas a protegerlos: el Estado, por su misión fundamental en cumplimiento de la Constitución; los padres que los engendran; y los médicos que han jurado luchar por la salud y la vida de todo ser humano. Los custodios del derecho, la justicia y la vida han prevaricado. Ahora se han convertido en cómplices para perpetrar este asesinato legal, esta pena de muerte masiva que se aplica diariamente por miles contra niños inocentes, sin juicio ni sentencia.

Con razón el Arzobispo de Miami hablaba recientemente de los “nuevos Herodes” que promueven la matanza de los inocentes. El Arzobispo Chaput llama al aborto “homicidio legalizado”.

Uno se pregunta cómo nuestros legisladores han podido compaginar honestamente su interpretación de la ley con la legalización del aborto, hasta el punto de que el Comité judicial del Senado declarara en 1983: “No existen hoy barreras legales de ninguna clase en los Estados Unidos para que una madre obtenga un aborto por cualquier razón durante cualquier estadio de la preñez.” Es decir, los legisladores dan vía libre para matar a los inocentes no nacidos cuando a la madre le plazca. Hay aquí una evidente manipulación del concepto de “persona”, de la Constitución y de nuestra Declaración de Independencia. Prevarican las entidades encargadas de custodiar la justicia y el derecho, para complacer a ciertos sectores y ganar su voto.

El 20 de noviembre de 1959 promulgó la ONU la Declaración Universal de los Derechos del Niño, en la cual todos los Estados Miembros se obligan a tener como “consideración fundamental el bien superior del niño” (art. 2), y como “principio rector” (art 7) para las leyes, recursos y servicios a que el niño tiene derecho. El niño ha de ser tenido “entre los primeros a recibir protección y socorro”. En 1989 la ONU promulgó la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que complementa y concretiza aquella importante Declaración. En ella se reconoce al niño, sin limitaciones, su “derecho intrínseco a la vida” (art.6).

De modo que la legalización del aborto contradice, no sólo los fundamentos mismos de nuestra nacionalidad, sino también los compromisos solemnes adquiridos por nuestra Nación como Estado Miembro de la ONU. Lamentablemente nuestro Gobierno está violando sistemáticamente casi todos los derechos de los niños, como son el derecho “a la igualdad”, “a un nombre y una nacionalidad”, “a una alimentación, vivienda y atención medica adecuadas para el niño y la madre”, “a comprensión y amor por parte de los padres y de la sociedad”, a “no ser separados de sus padres”. Pero de esto no se habla. Las autoridades encargadas de protegerlo ni siquiera mencionan estos documentos, que son obligatorios legal y moralmente. Pero seguimos creyéndonos el gran país de los derechos humanos y la democracia, con autoridad moral para juzgar si los demás países los cumplen o no!

Abuso radical de autoridad

Yo me planteo una pregunta fundamental en cuanto a la competencia para legislar en pro del aborto: existe alguna autoridad humana moralmente facultada para declarar lícito y legal matar por cualquier razón a los niños no nacidos? Ni Dios tiene este poder, porque El no puede ir contra su misma creación, ni condenar a muerte a ningún inocente. Acaso la Corte Suprema, o el Congreso o cualquiera otra instancia son dueños de las vidas humanas? Hay aquí un abuso monumental de autoridad. Las decisiones que autorizan el aborto son inmorales, inválidas y carentes de toda legitimidad en cualquier parte del mundo. No hay autoridad humana facultada para tomar tamaña decisión. Pero los Estados proceden como si fueran los dueños absolutos de nuestras vidas! Al apoyar la legalización del aborto estamos reconociéndole al Estado una potestad que los humanos no tenemos.

El principio absoluto de respeto a la vida humana “no mataras” ha sido resquebrajado y echado por tierra al legalizar el aborto. Basta hacer una excepción, para destruir el principio. Hoy la excepción son los niños no nacidos, mañana serán los ancianos, los discapacitados, los deformes o los de otra raza, como hicieron los nazis con los judíos. Habrá interpretaciones y razones amañadas para todo. Estamos viendo con alarma el desmonte de un principio moral universal, necesario a la convivencia humana. No es un avance, sino un gran retroceso ético para la familia humana, un paso más dentro de lo que Juan Pablo II denominó con justa razón “la cultura de la muerte”.

Quiero reafirmar que ninguna ley de ningún nivel está por encima de la moral ni es fuente de moralidad, como tampoco lo es la libre decisión (free choice) de nadie. Las leyes inmorales no merecen obediencia. Para que una ley merezca tal nombre, se necesitan varias condiciones: que sea racional, justa y moral y que contribuya efectivamente al bien común. La legislación pro aborto carece de estas condiciones. Es contraria a la recta razón, injusta e inmoral y va en contra del mayor bien de la sociedad, que es la vida humana. Por tanto, no estamos obligados a respetar la ley del aborto. El Estado podrá poner sus tribunales, sus policías, sus cárceles y todos sus castigos en acción para obligarnos a colaborar en la matanza o para callarnos ante este crimen, pero con ello sólo logrará aumentar la resistencia, suscitar la desobediencia civil, profanar la dignidad de la ley y demostrar su propia ilegitimidad.

Aunque la ley civil los absuelva, estrecha cuenta deberán dar a Dios en su momento los actores de este gigantesco, silencioso y continuado infanticidio. No quiera el Señor desatar su cólera en castigo de este enorme pecado que pesa sobre nuestra nación.

Nuestra sociedad debería más bien ayudar por todos los medios morales, emocionales y económicos a las madres para que puedan dar a luz al hijo y abrir los brazos para acoger a todos los niños, en vez de recibirlos con un bisturí o con una bomba de succión para quitarles la vida y lanzarlos al cesto de la basura! Qué horror!

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Categorías: Fr. Jaime Díaz | Deja un comentario

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